Aunque hay leyes que lo prohíben, aún se dan casos donde las jóvenes y mujeres son obligadas a casarse sin tener en cuenta su voluntad. Organizaciones luchan para que esta violación de los derechos humanos deje de producirse.
Delito de trata y contra los derechos humanos
El Código Penal tipifica como delito de trata de seres humanos los matrimonios forzados. La pena va entre los cinco y los ocho años de cárcel en España. Se trata de una tipificación que, aunque no hubiera demasiados casos en el país, garantiza la contundencia de la ley contra los posibles casos. Todo para luchar contra lo que se considera robar la infancia a las niñas, la sumisión de las mujeres y las consecuencias para siempre de esta supuesta tradición en algunos lugares.
Pese a todo, la Guardia Civil sigue registrando entre dos o tres casos al año en España. Al sumarse las denuncias de amenaza o de intentos de matrimonios forzados. Los estudios e investigadores del tema advierten que los casos que no se llegan a registrar, denunciar o aflorar a la escena pública sean mayores de lo que se cree. Por eso, se pone sobre la mesa todas las posibles herramientas para detectar los casos de forma prematura, evitar estos matrimonios o denunciar los que aparecen ocultos.
Consecuencias fatales y para siempre
“El matrimonio forzado no es más que otra forma de trata a niñas víctimas de su propio entorno familiar y una muestra más de la ‘superioridad’ que quieren ejercer padres y futuros maridos sobre la mujer”. Así explica el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Vicente Calvo, para la agencia EFE qué supone este delito.
Un ‘delito grave’, como él mismo define, en el que se somete generalmente a una niña, a la que no dejan disfrutar de su infancia y a la que cortan su libertad para elegir. ‘Para siempre’, añade, en referencia a las consecuencias. Consecuencias tan graves como los suicidios, las autoagresiones o las enfermedades mentales que conlleva. También hay que destacar que muchos de estos matrimonios son con niñas menores de edad, con todos los riesgos en su salud emocional y física.
Tradiciones, valor económico y patriarcado
Entre los motivos destacan las tradiciones. Una perspectiva cultural que asume que las hijas menores deben casarse por unos ritos ancestrales que, a veces, les reporta un dinero que ronda los 3.000 euros. Tradiciones que provienen de países como Bulgaria, Pakistán o Afganistán, por poner solo unos ejemplos.
Conceptos como `dote’, no hace más que evidenciar la visión patriarcal en las culturas. Tratar a las mujeres como mercancías, como un peso para la economía de algunas familias o como una razón para poner en riesgo el ‘honor’ de la mujer. Conceptos que de otra manera también han estado presentes en culturas como la española o la francesa en otros tiempos.
Leyes y asociaciones de apoyo
Tanto la nueva ley contra la violencia sexual como las asociaciones no dejan de lado esta situación, por residual que pudiera parecer en las estadísticas. Por un lado, la nueva Ley de Libertad Sexual recoge el matrimonio forzoso como violencia machista. También el hecho de que se lleven a estas jóvenes, de nacionalidad española, a otros países contra su voluntad para obligarlas a casarse.
Por otro lado, asociaciones como Proyecto Esperanza, tratan de detectar las situaciones de riesgo y de dar amparo a las mujeres y jóvenes que ya han sido víctimas. Es el caso de Naima o de Malika. Ambas hermanas se mudaron de España a Reino Unido y allí su padre las engañó para viajar a Marruecos. La excusa eran unas vacaciones, pero el progenitor esperaba casarlas contra su voluntad. Para asegurarse de que no van a huir las encierra en la casa. Gracias a un móvil y a una buena amiga de Malika, lograron escapar antes de la ceremonia. Ellas son la cara de las supervivientes y de la realidad de los matrimonios forzosos, que siguen existiendo.
Laura L. Ruiz, periodista experta en igualdad
