Casi siempre que se habla de “emprendimiento” y “empleo” viene a la cabeza un trabajo situado en el espacio urbano. Sin embargo, hay vida más allá, como en el medio rural. De ese modo, existen muchas familias cuyos ingresos únicos provienen de la agricultura, la ganadería y la pesca.
Tal y como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (2007) “Cada día hay mayor consenso en que las empresas rurales y la diversificación hacia actividades orientadas al mercado y que generen ingresos, son un instrumento para mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria. La cuestión no es si participar o no en la economía de mercado, sino cómo hacerlo de modo que se produzca un incremento en los ingresos equitativo y sostenible y en condiciones laborales justas. Bajo diferentes formas, como la de cooperativas, el desarrollo empresarial es una alternativa atractiva para las partes interesadas en el desarrollo rural, sobre todo en la medida en que contribuye a la equidad gracias al crecimiento económico local”.
Las dificultades de las mujeres en el entorno rural
Es habitual olvidarse del mundo rural, pero, sobre todo, de las mujeres que habitan en este medio. El 30% de la población en España vive en el entorno rural. Casi la mitad, el 15%, son mujeres. La mayoría de ellas trabaja la ganadería y la agricultura, pero no se las tiene en cuenta. Así, las dificultades a las que se enfrentan son infinitas: Ellas plantan las semillas y cuidan la tierra, pero, esas tierras, no les pertenece, ya que tienen menos posibilidades de acceder a la tierra, un acceso limitado a los recursos, los créditos, los mercados y las cadenas agroalimentarias de alto valor, lo cual compromete su productividad y sus ingresos.
En nuestro país, menos del 30% de las explotaciones pertenecen a las mujeres. Muchas de ellas no están dadas de alta en la seguridad social al ser consideradas la mano de obra que ayuda al titular de la explotación, que suelen ser sus maridos. Sin sueldo, sin cotizaciones y sin derecho a pensiones. Todo ello a pesar de que el emprendimiento femenino, en términos sociales, económicos y ambientales, es un pilar fundamental del desarrollo sostenible de las zonas rurales.
La importancia de la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias
Poco a poco se ha ido implementando la titularidad compartida para empoderar a las mujeres en el reconocimiento de su aportación al trabajo agrario. Sin embargo, varios años más tarde no se ha conseguido. Existen muchas empresas en cuyos papeles tienen como titularidad a mujeres, pero en la realidad son los hombres quienes las gestionan. La propia ONU apunta que no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas y mercados. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, ni a infraestructuras y, además, en muchas comunidades su labor es invisible y no remunerada. Asimismo, los roles de género están más acentuados en el medio rural, por lo que la falta de conciliación y corresponsabilidad se evidencia.
La necesidad de promover la participación de las mujeres rurales
Por ello, no solo es importante que las mujeres emprendan en el medio rural, también que se las tenga en cuenta, que se promueva su participación en todos los niveles para que sean escuchadas y proporcionar el acceso a los órganos de dirección de las organizaciones. De ahí la importancia de reconocer su papel desde la perspectiva de género, así como favorecer el tejido asociativo para que exista un apoyo sólido.
Es necesario dar una visibilidad real de las mujeres que viven en los entornos rurales, incidir políticamente en mejorar su calidad y condiciones de vida, así como facilitar los recursos necesarios para que ello sea posible. Sin embargo, este esfuerzo no está reconocido, o al menos no en la Política Agrícola Común (PAC), que no las tiene en cuenta.
La PAC y las mujeres
El principio de igualdad entre mujeres y hombres debe reflejarse en la PAC, especialmente el fomento de la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y garantizar que su labor sea visible, promoverlo y respaldarlo. Ello implica:
- Incentivar el emprendimiento femenino, contribuyendo así a una mayor representación de las mujeres rurales entre titulares de explotaciones agrícolas y el empresariado.
- Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales.
- Establecer medidas de acción positiva.
- Invertir en servicios de atención adaptados a las necesidades de las mujeres rurales.
- Formación, orientación y reciclaje para el autoempleo, fomentando actividades empresariales ligadas a los recursos naturales del entorno.
- Crear condiciones favorables para las mujeres en las zonas rurales y, de esa manera, mejorar el acceso a instrumentos financieros, tierras agrícolas y créditos.
- Fomentar el empoderamiento para la autonomía económica y un mayor reconocimiento social.
La promoción y consolidación de iniciativas empresariales promovidas por mujeres es uno de los objetivos de la Política de Desarrollo Rural, que también se recogió en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014 -2016) para el ámbito nacional. Del mismo modo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2030 también lo tiene en cuenta. Fomentar el empresariado femenino contribuye a crear alternativas laborales, aumentar la participación laboral de las mujeres en el medio rural y diversificar la economía rural. Incorporar el enfoque de género en las políticas agrícolas es esencial.
Jéssica Murillo, periodista experta en igualdad e intervención en violencia de género
