Pese a que la tramitación de la nueva Ley de Familias estaba muy avanzada, la disolución del Congreso y el Senado para adelantar elecciones frenó la puesta en marcha de esta normativa. Este febrero de 2024, por fin ha podido sacar adelante la Ley de Familias y los permisos de conciliación. El Consejo de Ministros ha dado la luz verde y ahora pasa a trámites parlamentarios.
La nueva Ley de Familias busca mejorar la conciliación
Se trata de una de las normas que ha sido más afectada por los cambios electorales, ya que se paró en seco en un trayecto de varios años. El adelanto electoral le costó una simplificación por parte del Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030 quedando así. Un nuevo texto que vendría a modificar el anterior a nivel estatal, de 2003 y, que a su vez ha sido modificado por el Consejo de Ministros actual.
En torno a este respecto, la conciliación, se ha manifestado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Belarra, que es una de las impulsoras, señala que la nueva ley de Familias responde a una dificultad en España para conciliar la vida laboral y personal de los padres y las madres. También, ha resaltado, que existe una necesidad de refuerzo en el apoyo a la crianza, ya que las encuestas revelan que las mujeres jóvenes en España querrían tener más hijos, pero no lo hacen porque no se lo pueden permitir.
Los cuatro pilares de la ley
El texto definitivo, después de ajustes técnicos, se articula en torno a cuatro pilares principales:
- La ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza
- Avanzar en la garantía del derecho a la conciliación
- El pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en España
- El reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y adolescencia
Qué permisos hay qué permisos no hay
Una de las novedades que pretendía introducir la nueva Ley de Familias, y que mayor impacto tendrá, son los nuevos permisos para atender los cuidados. Los nuevos permisos para facilitar la conciliación han entrado ya en vigor tras la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio. Según ha apuntado el Gobierno, estos permisos eran una exigencia de la directiva europea. Así, la norma crea tres permisos de cuidados, en línea con la directiva europea de conciliación de 2019:
- Un permiso de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o a un conviviente, con o sin relación de parentesco. Los trabajadores y trabajadoras podrán requerir esta medida si sus allegados sufren “un accidente o una enfermedad grave”, si se encuentran hospitalizados o si han afrontado una “hospitalización o intervención quirúrgica” que no requiere que se queden en el centro sanitario, pero sí necesita reposo.
- Un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo, hasta que el menor cumpla ocho años. Las fechas tendrán que ser comunicadas a la empresa “con una antelación de diez días o la concretada por los convenios colectivos, salvo fuerza mayor”. Se tratará de una baja laboral no remunerada.
- Un permiso de ausencia «por fuerza mayor» que permita ausentarse cuando hay motivos que requieran una atención inmediata. Será de cuatro días retribuidos al año y podrá disfrutarse por horas.
También se establece en este real decreto-ley una nueva actualización que afecta a las parejas de hecho, que serán equiparadas a los matrimonios. Estas también podrán contar con los 15 días de permiso tras confirmar la nueva situación familiar. Para proteger estos nuevos permisos, serán causa de despido nulo los motivados por el disfrute de los mismos. Por contra, quedan fuera de la ley la prestación universal por crianza, la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento y adopción y la retribución del nuevo permiso para madres y padres de 8 semanas hasta que su hijo cumpla 8 años.
Nuevos tipos de familia que entrarían en vigor con la Ley de Familias
Para impulsar la Igualdad desde el núcleo básico de convivencia, la nueva Ley de Familias reconoce jurídicamente nuevos tipos de familias. Por otro lado, la ley generará un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, para las que tengan algún miembro con discapacidad, y para las múltiples, adoptivas o acogedoras. En cuanto, a las familias se elimina el término de ‘familias numerosas’, que pasarán a llamarse ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’.
En este apartado estarán incluidas las familias monomarentales con dos hijos y las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad o las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género, entre otras. También pasan a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco, como hasta el momento. También las familias con tres hijos en caso de parto múltiple —en vez de cuatro como en la actualidad— y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150 % del IPREM).
La norma también recoge que las familias monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios, a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones. En cuanto a burocracia, la nueva ley iguala a las parejas de hecho que tendrán los mismos derechos que un matrimonio, por lo que podrán acceder a los distintos permisos, como los 15 días que se da por matrimonio. También deja la puerta abierta a ampliar el derecho de los 100 euros por crianza a más situaciones.
Siguen las negociaciones
En el trámite parlamentario tendrán que consolidarse otras propuestas como las 20 semanas de permiso y la retribución de al menos de cuatro de las ocho semanas por nacimiento. Esto puede retrasarse hasta junio, en el mejor de los casos. También puede unirse a las propuestas que se quedaron por el camino. Es el caso del llamado pin parental. El ministerio liderado por Belarra quería prohibir que padres, madres o tutores/as impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos para evitar “una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”.
Según fuentes del ministerio a la agencia EFE, se elimina esta disposición «atendiendo a la recomendación y el criterio técnico del Consejo de Estado». Se trata de instrumento impulsado por partidos políticos en sus programas electorales que impide avances en igualdad y que solo a última hora de la aprobación definitiva del texto se ha quitado.
Laura L. Ruiz, periodista experta en igualdad
