La trata en tiempos de Coronavirus y el papel de las empresas

La trata en tiempos de Coronavirus y el papel de las empresas
21 abril 2020 Jessica Murillo
Victim blaming. Cuando a la mujer se la culpa por sufrir una agresión

La trata es una grave violación de los Derechos Humanos. Así como una forma grave de delincuencia organizada. Como tal está prohibida por la Carta de Derechos Fundamentales de la Comisión Europea. Más concretamente en el artículo 5.3.

Sin embargo, lejos de descender, el Consejo de Europa advierte de su crecimiento. Por eso pide, junto con la ONU, que se respeten sus derechos ante la epidemia. Muchos países han ordenado medidas de confinamiento muy difíciles para estas personas. Es el caso de las mujeres prostituidas que viven en España. El encierro generado por el coronavirus repercute de forma negativa en su vulnerabilidad.

Las mujeres en situación de prostitución: las grandes olvidadas por el COVID-19

El Covid-19 no mejora la situación de las víctimas de prostitución

En estos días de confinamiento, los clubes están cerrados. Sin embargo, ello no ha conllevado a la caída de la demanda de la prostitución. Se centra en las viviendas particulares. Unos lugares donde las mujeres se encuentran en una situación de indefensión ante la opacidad de lo que ocurre dentro. Están a merced de los explotadores y tienen que seguir pagando las habitaciones donde están encerradas y obligadas a mantener relaciones sexuales. La situación se agrava aún más para las que mantienen deudas con sus explotadores, que crecen a medida que se alarga el confinamiento.

Asimismo, al seguir siendo explotadas sexualmente, tienen más probabilidades de ser contagiadas y a convertirse en “material desechable”, tal y como asegura Rocío Nieto, presidenta de Apramp. A ello se suma que la mayoría son inmigrantes en situación irregular. Este hecho conlleva a que ni siquiera puedan tener acceso al sistema sanitario y solo puedan ser asistidas en caso de urgencia, servicio que en ocasiones se les cobra. Tampoco se pueden acoger a las medidas como la prohibición de que se corte el agua, la luz o el gas. Además, la mayoría desconocen el idioma y tienen dificultades para comunicarse o entender las noticias sobre la pandemia.

Recursos para las víctimas de trata con fines de explotación sexual

Es por ello que muchas organizaciones exigen al Gobierno central que las considere como parte de la población vulnerable para que puedan acceder a las ayudas económicas y a los servicios sociales que se están poniendo en marcha en estos días. Además, organizaciones como Apramp o Médicos del Mundo ofrecen atención telefónica. Por su parte, la Policía Nacional mantiene operativo el teléfono 900 10 50 80 y el correo trata@policía.es. La llamada es confidencial y no queda registrada en la factura telefónica.

Por ende, se requiere, y no solo en estos tiempos de crisis sanitaria, establecer una serie de recursos habitacionales, económicos y de formación y empleo que les permita salir de la situación de prostitución y violencia en la que están atrapadas.

La Agenda 2030 y la RSC de las empresas

Pero no solo las organizaciones, las empresas también pueden tener un papel importante contra la trata con fines de explotación sexual.

La Agenda 2030 ofrece una oportunidad única para el desarrollo próspero y sostenible. Para que esto ocurra, se desarrollan 17 objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos no se pueden desligar de los Derechos Humanos ni unos de otros. Cuanto más se cumplen estos objetivos, menos trata existirá porque se trabaja por la igualdad de género.

Objetivos de la Agenda 2030

Objetivos de la Agenda 2030

Estos deben hacerse de modo colectivo, incluidas las empresas que pueden comprometerse con los objetivos y ejecutarlos. También supone una estrategia de marketing que conecta al sector empresarial con la Responsabilidad Social Corporativa.

Los Principios Ruggie (2005)

En este sentido, tienen un papel esencial los principios rectores de la ONU en materia de Derechos Humanos y empresas. Se trata de los Principios Ruggie, una iniciativa global que define los parámetros que los Estados y las empresas deben establecer en sus políticas, normas y formas de actuación, teniendo en cuenta el impacto de sus actividades en materia de Derechos Humanos.  Según estos, existe un 1% de Derechos Humanos en los que las empresas tienen implicaciones directas e indirectas.

Los principios Ruggie recogen 31 directrices enmarcadas en tres grandes fundamentos:

  • El deber del Estado de proteger y prevenir a la ciudadanía frente a los abusos de los Derechos Humanos
  • La responsabilidad de las empresas de respetarlos
  • La necesidad de ayudar a las víctimas a conseguir la reparación de las vulneraciones de los derechos por las empresas

Es importante resaltar que no son normas de obligado cumplimiento, pero tienen un papel importante por la reputación y la transparencia de las empresas.

Buenas prácticas para respetar los Derechos Humanos

Teniendo como sustento estos tres pilares, algunas de las medidas que pueden tomar las empresas para respetar los Derechos Humanos y, por lo tanto, trabajar contra la trata con fines de explotación sexual son:

  • Asumir públicamente un compromiso de respeto a los Derechos Humanos. Aquí entra en juego la Responsabilidad Social Corporativa a través de la comunicación. Pero también supone actualizar toda la cadena de producción de los bienes y servicios con políticas de transparencia y clausulas en los contratos para la no violación de los Derechos Humanos, donde no se fomente la trata con fines de explotación sexual.
  • Identificar, prevenir y rendir cuentas de los daños que causan a los Derechos Humanos, verificando la adecuación del plan para la prevención y estableciendo medidas claras.
  • Contar con procesos que permitan remediar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar, facilitando la solución ante el abuso de los Derechos Humanos

Estas ideas dejan claro que las empresas pueden formar parte de la solución y transformar la realidad. Algunas de ellas llevan a cabo buenas iniciativas. Así, por ejemplo, Latitude by María Almanzán, contrata supervivientes de trata y les ofrece formación. American Express prohíbe en Estados Unidos los pagos con sus tarjetas en sitios web que promueven la venta de sexo.

Todo ello conlleva a más posibilidades de detección, más fondos y un trabajo en conjunto.


Jéssica Murillo, periodista experta en igualdad e intervención en violencia de género

 

 

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