Los incendios como síntoma de un problema estructural
Cada verano, los incendios forestales parecen presentarse como emergencias inevitables. Sin embargo, los datos oficiales revelan que detrás de ese fuego hay decisiones políticas: recortes en la prevención, abandono del medio rural y una gestión del territorio que favorece la catástrofe.
¿Qué nos dicen los datos sobre las causas de los incendios?
En lo que va de 2025, España ha experimentado un aumento significativo de incendios forestales. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) hasta el 19 de agosto han sido arrasadas más 382.607 hectáreas. Esto representa un récord en la última década, superando incluso al año 2022, que también fue un año de graves incendios. La mayoría de estas hectáreas quemadas se concentran en el mes de agosto, en zonas como Zamora, León, Ourense o Cáceres. Desde aquí mandamos toda nuestra fuerza y solidaridad a las comunidades afectadas, a quienes luchan contra las llamas y a quienes lo han perdido todo.
Por otro lado, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), más del 80 % de los incendios forestales en España están relacionados con causas humanas. De estos, aproximadamente el 50% son intencionados (provocados deliberadamente por conflictos personales, especulación de terrenos, o actos vandálicos) y casi el 30% se deben a negligencias y accidentes (colillas, quemas fuera de control). Apenas el 5% se deben a causas naturales (como rayos). De un 12% no han podido determinarse las causas.
El falso dilema: igualdad o prevención de incendios
En los últimos meses hemos visto cómo ciertos discursos tratan de culpar al feminismo de los incendios. Se señala el presupuesto destinado al Ministerio de Igualdad como si ese dinero fuese el culpable de la falta de prevención forestal. Nada más lejos de la realidad: los incendios no arden por la promoción de la igualdad, sino por recortes y ausencia de políticas públicas serias en materia de prevención, reforestación y gestión del territorio.
Plantear que el dinero destinado a erradicar la violencia de género o promover la igualdad debería “redirigirse” a la lucha contra incendios no solo es falaz, sino profundamente irresponsable. Con ello tratan de enfrentar a dos derechos fundamentales —un medio ambiente sano y la igualdad de género— en lugar de reconocer que ambos forman parte de un mismo proyecto de justicia social.
Desde el ecofeminismo se viene advirtiendo desde hace décadas de la crisis climática, inseparable de la crisis social, que afecta especialmente a colectivos más vulnerables y perpetúa las desigualdades ya existentes. En este sentido, las políticas de igualdad son tan necesarias como las ambientales: solo en 2024 se registran en España 48 feminicidios por violencia de género, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. A ello se suma que la prostitución sigue afectando a más de 100.000 mujeres en el país, en su mayoría en situación de vulnerabilidad y explotación, según estimaciones de la ONU. También la presión de los roles y estereotipos de género tiene consecuencias devastadoras en la salud: más del 90% de los casos de anorexia y bulimia afectan a mujeres jóvenes, de acuerdo con la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Estos datos muestran que hablar de igualdad no es un “lujo” o un desvío presupuestario, sino una cuestión de derechos humanos y de supervivencia.
Y por todo esto, los compromisos internacionales y la Agenda 2030 cuentan, entre otros, con dos pilares claros: justicia climática e igualdad de género.
Cambio climático y falta de acción política
La emergencia climática no admite más excusas. Cada euro que no se invierte en prevención, educación ambiental y cuidado del territorio se convierte en humo y cenizas en el futuro inmediato. Pero consideramos que esto no significa que se deba recortar en otras políticas, ni tampoco en las de igualdad, como algunos discursos sugieren.
Lo que realmente debería cuestionarse son los recursos perdidos por la corrupción y los intereses particulares que desvían el dinero público. Quizá enfrentando esas fugas si podríamos garantizar que los fondos se destinen allí donde realmente se necesitan: al cuidado del territorio y de las personas.
