El periodo para que la ciudadanía presente las declaraciones anuales de IRPF ya está abierto y hay que afrontar este hecho con responsabilidad. Ya sé sabe «hacienda somos todos» y no faltan recordatorios televisivos que nos invitan a actuar sin malicia y picardía. Esta obligación de contribuir al erario público se extiende también a las empresas —en otros tiempos y formas—, y si entendemos que la empresa es otra ciudadana más, igualmente debe regirse con transparencia y ausencia de granujería.
La norma principal en material fiscal de la empresa ciudadana es pagar los impuestos. La evasión de impuestos es ilegal y delito si la cantidad defraudada alcanza los 120.000 euros o más, pero además la empresa ciudadana debe:
Actuar con transparencia ante toda la sociedad ajustando el pago de impuestos a los beneficios reales obtenidos en un país evitando eludir impuestos. La elusión fiscal se aprovecha de las deficiencias en la redacción de la ley sin violarla, utiliza tecnicismos y argucias dentro del marco legal para no pagar o pagar menos.
Comprometerse a tomar decisiones en nombre del bien general. Las propuestas legislativas que no puedan ser defendidas bajo este criterio no deberían ser promovidas por las empresas.
Respetar el derecho a la participación de otros actores sociales. Se debe de evitar la intervención desde posiciones de poder para silenciar a la contraparte o ganar ventajas fuera del juego limpio y del marco democrático. Por ejemplo:
– Financiar a partidos políticos o gobernantes.
– Vetar o limitar el acceso a los medios de comunicación a las partes contrarias a los intereses empresariales.
– Sobornar, chantajear o extorsionar a agentes con capacidad de promover cambios.
– Introducir a personas en los grupos de decisión para alterar el resultado de las votaciones.
– Realizar pagos no autorizados al personal funcionario para «agilizar» los trámites o conseguir información que ponga a la empresa en posición privilegiada.
– Compartir beneficios con quien sin autorización y fuera del marco legal ayude a obtenerlos.
Los impuestos pesan sobre los costes de la empresa y, en principio, restan competitividad frente a otras empresas sometidas a regímenes fiscales más bondadosos. Pero a largo plazo, y si los recursos económicos son bien administrados por el Estado, el pago de impuestos contribuye al desarrollo social, al equilibrio económico y a la estabilidad política de la sociedad. Los impuestos tienen un componente importante de inversión social capaz de rendir frutos económicos a las empresas; por ejemplo: en salud y educación pública de calidad.
Una empresa inteligente reconoce el vínculo entre su propio bien y el de la sociedad sobre la que se asienta.