Cuando solo una pequeña parte de las víctimas de violencia machista ha denunciado, está claro que hay un problema. Policía, justicia, sanidad, profesorado y otros funcionarios y funcionarias deben formarse para ser la primera línea que advierta y actúe contra los malos tratos.
El 75% de las víctimas mortales no denunció
En torno al 75% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este 2021 no había presentado denuncia previa. Son datos del Ministerio de Igualdad que reflejan lo mucho que queda por hacer para erradicar esta lacra social. Y en las manos de este ministerio está una parte de lo que se puede hacer para evitar los asesinatos machistas. Empezando por facilitarles la ayuda que precisan. Encontrarse con funcionarios de la Policía, de la Sanidad, de la Justicia y demás que no estén formados en género es un verdadero problema a la hora de ayudar a las víctimas.
Por eso, uno de los objetivos debería ser que las mujeres confíen en el sistema y sus operarios para salir de la violencia. Los pasos son varios. Desde contabilizar los feminicidios que ocurren fuera de la pareja, ayudar a los huérfanos o menores víctimas de la violencia machista hasta poner una ventanilla única que simplifique la burocracia. Pero también está formar a los funcionarios que se encuentran en primera línea de combate: comisarias, hospitales, tribunales, etc.
La comisaría, el primer paso
El primer paso es la denuncia. Cuando una mujer maltratada ve su situación y se atreve a dar el primer paso, la sociedad no puede fallarle. Si los datos dicen que solo el 25% de las mujeres asesinadas denunciaron, hay que preguntarse por qué. Si llega a una comisaria y sucede como décadas atrás, que rebaja la gravedad o que se cuestiona su relato, difícilmente volverá. Lo mismo si el policía que se encuentra no conoce la ley de violencia de género o los protocolos diferenciados de otros delitos, como evitar encontrarse con su agresor en el proceso.
También está la sensibilización. Seguramente la situación que ha vivido, no le permita realizar un relato de lo sucedido de la misma manera que otros delitos. Más cuando la violencia es sexual, el maltrato es continuado o si la víctima aún se culpa de lo vivido. Por eso, desde Igualdad, se aprobó en julio dar una formación anual a policías y funcionariado de Justicia. Y lo importante, se hará más allá de las unidades específicas y los Juzgados de Violencia Machista. Porque se trata de tender la mano a la víctimas, se encuentre dónde se encuentre.
Los juzgados, la prueba de fuego
Tribunales, fiscales y secretariado no deben estar al margen de la formación en violencia machista. Ni dentro ni fuera de los juzgados específicos de la violencia de género. Los numerosos casos y polémicas que se desprenden de muchas sentencias lo demuestran. Ni siquiera dentro de los juzgados especializados se ve una total sensibilización con la problemática social. Como si de un Caballo de Troya se tratara.
Por eso desde Igualdad y el Ministerio de Justicia se firmó un acuerdo el pasado diciembre para desarrollar una estrategia de formación de los operadores jurídicos en materia de prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres. En concreto, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) colaborará con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para la formación que se impartirá a los cuerpos de letrados de la administración de Justicia, médicos/as forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) y otro personal de Justicia en este centro. Desde la sensibilización general a protocolos de actuación y coordinación necesarios para la mejora de las intervenciones de estos operadores jurídicos.
La detección en la atención sanitaria
La atención primaria suele ser un buen punto de acceso a las víctimas de violencia de género para denunciarlo. No solo se trata de un espacio seguro en el que pueden estar solas con los y las profesional sanitarias, si no que se puede ver un patrón entre los problemas de salud. Desde golpes repetidos a migrañas o insomnios. Son muchas las señales que desde la atención primaria se pueden detectar y asumir como malos tratos. Un hecho especialmente importante en el entorno rural, donde las mujeres pueden verse más aisladas o impedidas de actuar por la exposición pública.
Con la intención de ser otro punto de contacto seguro para las víctimas, el ministerio de Irene Montero última con el Ministerio de Sanidad medidas para la formación del personal sanitario. En concreto, aseguran, para el primer trimestre de 2022 se pondrán en marcha acciones que no solo irán encaminadas a detectar la violencia machista en las pacientes, si no a combatir la violencia que muchas mujeres sanitarias sufren en su puesto de trabajo. Desde agresiones, acoso a discriminación.
Funcionarios, empresas y aulas, la prevención
Aunque policía, justicia y sanidad están en la primera línea, el profesorado tiene un gran papel que cumplir respecto a la violencia machista. Empezando por educar en igualdad y terminando por detectar violencia machista que sufren los/las menores y sus madres. De hecho, en la encuesta que se hizo el pasado año sobre cómo los jóvenes veían la violencia machista, el profesorado estimaba como muy importante “disponer de programas de formación del profesorado y materiales bien elaborados para incorporar este tema en los planes integrales de los centros educativos”.
Lo mismo ocurre con otro tipo de personal funcionario. Desde Galicia, por ejemplo, han visto necesario que personal administrativo y de otros perfiles aprendan a detectar y tratar casos de violencia machista. De hecho en 2022 se llevarán a cabo 674 actividades formativas y 34.419 plazas dirigidas a abordar cuestiones como los estereotipos de género, conciliación, lenguaje no sexista, prevención de la violencia de género entre distintos colectivos, etc.
¿Y la empresa? Todo suma y más los espacios en los que se dedica gran cantidad de horas y se hacen muchas relaciones sociales. Por eso, muchos planes de igualdad avanzados contemplan la sensibilización en materia de violencia de género y protocolos para impedirlo dentro del puesto de trabajo.
Laura L. Ruiz, periodista experta en igualdad
