Los datos lo demuestran: sigue existiendo discriminación por razón de identidad o de orientación sexual en el empleo. Analizamos las consecuencias y causas de la discriminación laboral del colectivo LGTBI.
Objetivo: lograr centros de trabajo inclusivos
El ambiente laboral, como parte de la sociedad, no está exento de sufrir violencia y discriminación. Con el afán de saber en qué situación se encuentra, el Ministerio de Igualdad, la Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI y el sindicato UGT han presentado la segunda edición de la encuesta sobre los derechos de las personas LGTBI en el empleo. El objetivo: lograr centros de trabajo inclusivos para todas y todos.
El estudio sobre discriminación laboral del colectivo LGTBI, realizado con 2.480 encuestas, ha buscado respuestas por igual en el sector público y privado. El responsable confederal de Acción LGTBI de UGT, Toño Abad, explicó:
“El 50% de las personas LGTBI que hemos consultado consideran que no estamos aceptadas socialmente, que nuestra situación no es buena en general, pero se agrava en el caso de las personas trans, donde el 70% considera que no están aceptadas”
Exclusión del colectivo LGTBI y falta de derechos
Otro de los datos que arroja el estudio es que el 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo. Además, el 55% de las personas trans reconoce que ha sido excluida de forma directa o indirecta en entrevistas de trabajo. Esto genera situaciones de discriminación inaceptables que obligan a ocultar la condición sexual en el trabajo para no penalizar la carrera profesional, resume el informe.
Una situación que se reproduce en muchos sentidos: desde renunciar a los permisos de matrimonio, hasta el acompañamiento médico del cónyuge. De hecho, el informe señala que el 41% de las personas evita hablar de su vida personal por miedo a las consecuencias, que pueden ser negativas tanto en derechos o promoción, como en el salario.
La violencia, tanto verbal como laboral
Esto resulta evidente en la parte superior de la pirámide de la discriminación: tres de cada diez personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales, un 78% referidas a chistes y rumores sobre la orientación sexual, y un 52% a insultos. Acoso, que hace que siete de cada diez personas LGTBI consideren que su orientación o identidad sexual es un inconveniente para buscar un trabajo.
Tanto, que solo el 5% de las agresiones sufridas por personas trans y no binarias ha sido denunciada. Y es que, el estudio enfatiza que pese a que en el 75% de las agresiones a personas LGTBI en el trabajo había testigos, solo en un 40% alguien ha reaccionado en defensa de la persona agredida. La permisividad social de las agresiones es muy elevada y su normalización hace que estas situaciones no se denuncien en prácticamente la mayoría de las ocasiones. De hecho, solo el 6,32% de las personas agredidas verbalmente por su orientación sexual han presentado denuncia a la policía.
Tolerancia contra la intolerancia
El reflejo de encuestas como estas indican que sigue habiendo un problema de homofobia, transfobia y de intolerancia. Mientras avanza la legislación, se sigue quitando importancia a discriminaciones, burlas o a los ataques contra el colectivo. Con respecto a las personas cis hetero encuestadas, las respuestas se muestran más solidarias de lo que perciben las personas acosadas: casi el 50% afirman haber presenciado alguna agresión verbal contra personas LGTBI en los últimos cinco años, especialmente en forma de chistes, comentarios y gestos despectivos. Y el 82% contestan que han reaccionado o algún otro testigo ha reaccionado en defensa de la persona agredida.
En la encuesta de 2020, casi el 73% de las personas cis hetero respondían que habían sido testigos de agresiones verbales y en el 25% de las respuestas no había habido reacción. En aquel momento, en las entrevistas realizadas se observó una tendencia a quitarle importancia a las burlas y chistes, considerándolas bromas. Esta normalización puede haberse afianzado, siendo la causa más probable del descenso de la respuesta sobre agresiones presenciadas. Cabe recordar, en este punto, que en el entorno laboral existen mecanismos como el canal ‘whistleblowing’ o de denuncias internas para combatir los comportamientos violentos o cualquier discriminación tanto machista como homófoba.
El caso de las personas trans
Además de la violencia, la exclusión y el desempleo, las personas trans sufren discriminación laboral. El estudio resalta que el 62% de las personas no han contado con apoyo de la empresa en su proceso de transición. Casi el 80% consideran que ni sus compañeros y compañeras de trabajo ni sus superiores tienen conocimiento de las realidades de las personas trans. Un ejemplo que demuestra esta situación es el uniforme: el 16% se ven obligadas a utilizar una ropa que no resulta acorde con su identidad de género. Y un 27% consideran que les han hecho encargos que vulneran su dignidad como consecuencia de su identidad de género.
Y aunque el miedo al posible perjuicio o al rechazo se manifiesta, son el 13% de las personas trans quienes han abandonado un empleo para proceder a su transición. Porcentaje que se eleva al 21,43% en el caso de mujeres trans. El 44% de las personas trans encuestadas consideran que transicionar ha afectado negativamente a su carrera profesional. Pero un matiz a este dato es que son algo más de la mitad de las personas trans quienes han iniciado una transición de género en un puesto de trabajo.
Legislación para acabar con la discriminación
Cabe recordar que ya están en vigor leyes para evitar la discriminación laboral del colectivo LGTBI. Empezando por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El artículo 15 dice que “las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”.
“Para ello”, continúa la ley, “las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente”. Algo que se reafirma en el V Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva entre sindicatos y empresarios. En este se defiende “la necesidad de fomentar la diversidad de las plantillas, aprovechando el potencial humano, social y económico que supone esta diversidad”.
Además, el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha el Servicio 028 Arcoíris, de información y atención integral en materia de derechos LGTBI. Será un servicio público para atender a víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia y estará disponible las 24 horas. Las llamadas serán gratuitas y confidenciales. El servicio también dispone de el correo electrónico 028-online@igualdad.gob.es y de un chat online.
Laura L. Ruiz, periodista experta en igualdad