La violencia sexual amparada por una justicia sorda, ciega y muda por el machismo

La violencia sexual amparada por una justicia sorda, ciega y muda por el machismo
26 noviembre 2018 Jessica Murillo

Este domingo 25 de noviembre se ha conmemorado el Día Internacional por la eliminación de las violencias a las mujeres. Cada diez minutos una mujer es asesinada en el mundo por su pareja o expareja. Es la forma más común de violencia machista, pero no la única. También está la trata, la mutilación genital femenina, el planchado de senos, los matrimonios forzados, la violencia obstétrica, las violaciones, agresiones o los abusos sexuales, independientemente de que hayan sido cometidos por sus parejas o exparejas masculinas, y que suponen una grave violación de los derechos fundamentales. Delitos que están tipificados en el Código Penal pero no en la ley contra la violencia de género de España.

Así, la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de género 1/2004, solo considera violencia de género aquella que sufren las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas masculinas. Es decir, delimita el concepto al ámbito afectivo, dejando fuera el resto de violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Razón por la cual, el Convenio de Estambul en 2014 exigió a España extender el concepto de violencia de género, sobre todo para el reconocimiento de las violencias sexuales dentro del conjunto de políticas públicas. Esto supone que nuestro país está incumpliendo el artículo 25 del Convenio de Estambul, que recoge con total claridad la obligación de tomar las medidas necesarias para crear “centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”.

Mismo objetivo que ha pedido el movimiento feminista español este 25 de noviembre, y que lleva reivindicando desde hace tiempo atrás: que todas las violencias machistas se recojan en la ley integral. De hecho, estamos en la cuarta ola feminista y una de sus reivindicaciones más importantes es el fin de la violencia sexual para erradicarla y terminar con la idea de que los hombres tienen el poder sobre el cuerpo de las mujeres. La razón para optar por denunciar esta violencia en concreto está relacionada con todos los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este año: el caso de la Manada y otros similares, el premio Nobel de la Paz a la activista Nadia Murad contra la violencia sexual, el movimiento Me too… que ponen sobre la mesa la importancia de visibilizar la violencia sexual y concienciar en que es un problema social que necesita de prevención, actuación y reparación del daño lo antes posible.

Según el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, en España se producen dos violaciones o abusos sexuales a la hora. Respecto al pasado año, aumentaron un 16,4% y las denuncias por violación han ascendido al 23%. Aun así, España está a la cola de los países europeos en número de denuncias por violencia sexual. Se estima que cuatro mujeres denuncian al día en nuestro país, aunque no existen cifras oficiales que permitan dimensionar el problema. No obstante, lo que sí se sabe es que estas cifras son solo la punta del iceberg, porque muchas mujeres no terminan de denunciar. Esto se explica por varios factores que están relacionados con el miedo, la estigmatización social y, sobre todo, la desconfianza en la justicia. Son muchas las mujeres que aseguran que cuando van a un juzgado dudan de ellas, por lo que las decisiones judiciales están teniendo graves fallos que tienen que ver con la falta de credibilidad que se les dan a los testimonios de las mujeres. Esto significa que, si la justicia no confía en las mujeres, las mujeres tampoco confían en la justicia y, por lo tanto, no denuncian. Las víctimas se sienten cuestionadas, juzgadas y desprotegidas por temor a no ser creídas.

Las declaraciones de un juez a una víctima de violencia de género a la que llamaba “bicha”, sentencias como la de Juana Rivas, la de la Manada y otros casos parecidos, dejan claro que la justicia, en demasiadas ocasiones, juzga y condena a las mujeres para proteger a los culpables.

Sin ir más lejos, la semana pasada la justicia de Irlanda absolvió a un hombre acusado de violación al aceptar la justificación de que la víctima usaba un tanga de encaje. En esta, la última sentencia del tribunal de la Manada ha condenado por maltrato ocasional a diez meses a un hombre que acuchilló y trató de asfixiar a su esposa porque desistió cuando ella se quedó sin oxígeno. También, la Audiencia de Lleida ha absuelto a dos hombres de una violación porque la víctima “si bien lloraba y decía que no, no se resistió de forma física”. La mujer reconoció estar paralizada. Algo que pasa con frecuencia, rebajan las penas de los culpables porque las víctimas no dijeron que no o no se resistieron al entrar en shock.

Por eso, que esas mujeres puedan pedir ayuda sin necesidad de denunciar es fundamental para que puedan acceder a los recursos asistenciales. Sin embargo, en España las medidas de apoyo y protección quedan supeditadas a la denuncia por parte de las víctimas, lo cual es un claro incumplimiento del artículo 18.4 del Convenio de Estambul, que afirma que: “La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito”.

Otro aspecto relevante es la revisión de la tipificación de los delitos, pero la Comisión de justicia no llegó a un acuerdo para equiparar agresión sexual y abuso. El código penal deja mucho espacio a la interpretación. El abuso pueden ser tocamientos, penetración o sexo oral sin el consentimiento de la víctima, sin violencia o intimidación. La agresión sexual es lo mismo, pero con violencia o intimidación. Lo que conocemos como violación. Las penas de los abusos sexuales más graves van desde los 4 a 10 años de prisión. Los de la agresión sexual de 4 a 15.  Una delgada línea que el Código Penal deja a la interpretación del personal de la justicia. Esto significa que el problema no está tanto en la ley, sino en el sesgo machista de quienes juzgan que esperan de mujeres y hombres comportamientos estereotipados, sancionando a las mujeres que se salen de lo tradicionalmente esperado y poniendo la responsabilidad en ellas por, supuestamente, no “evitar” la agresión. Preguntas como: ¿Qué ropa llevaba? ¿Cerró las piernas? ¿Había bebido?… Lo dejan claro.

Arantza Campos, experta en teoría feminista del derecho, explicó este miércoles durante el I encuentro de Pensamiento Feminista de Madejas contra la violencia sexista que “la justicia es patriarcal en la creación de la norma, en su interpretación y en su aplicación, reflejando lo que realmente piensan de manera natural quienes las crean y las aplican: hombres que no lo viven”. Asimismo, afirmó que “la justicia no tiene en cuenta las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. La justicia no es neutral porque defiende los derechos de los hombres por encima de las mujeres, penalizando a las mujeres por el hecho de ser mujeres”. La ausencia de esa perspectiva de género explica todos estos casos. Sin embargo, juzgar con perspectiva de género no es juzgar de un modo especial, sino hacer realidad el derecho a la igualdad.

El informe Ya es hora de que me creas de Amnistía Internacional denuncia la falta de recursos especializados para atender a las mujeres que sufren violencia sexual.  “Ni siquiera el recorrido será el mismo si han sido violadas en Andalucía, en Madrid, en Cataluña…” afirman desde Amnistía Internacional. Por ejemplo, en Andalucía se puede acudir al centro sanitario antes o después de poner la denuncia. Mientras que en Madrid capital, hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, la Paz, para garantizar la presencia de personal forense. Esto, sin embargo, no es requisito necesario en otras localidades de la comunidad. Y en el caso de diez territorios (Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla) incluso carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual. “Sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas y sin recursos especializados para atenderlas”, es la realidad que sufren estas víctimas según el Informe de Amnistía Internacional España.

 

Jéssica Murillo Ávila, periodista experta en igualdad e intervención en violencia de género.

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